Entre el apoyo a la economía familiar y la deserción escolar (Vol 2)
La mayoría de los estudiantes que abandonan sus estudios comienzan a trabajar a
tiempo completo, lo cual además de ilegal, los expone a desempeñarse en
ambientes poco favorables que inciten al trabajo infantil por debajo de la edad
mínima permitida.
Aún así, se reconoce que algunos trabajos realizados a una edad y tiempo
determinados son positivos para el desarrollo de los niños. Sin embargo, existen
otros que afectan su desarrollo físico, psicológico y emocional. Por ello es pertinente
mencionar que el mundo laboral en donde se desenvuelven las niñas, niños y
adolescentes se divide en tres categorías.
La primera de ellas recae en los trabajos formativos y son todas aquellas
actividades que se pueden realizar como forma de apoyo por parte del infante a su
economía familiar, o incluso, para obtener dinero de bolsillo que les permita adquirir
bienes y servicios de su interés. No se ve afectada su escolarización y
a la larga estos empleos son positivos para su desarrollo social en la vida adulta.
Aquí se tienen contempladas tanto labores en el sector formal como en el informal,
con pago remunerado o en especie, dentro o fuera de la esfera familiar.
La segunda categoría implica el trabajo infantil como problemática social y en estas están
involucradas las actividades económicas perjudiciales para que los infantes y
adolescentes se desarrollen integralmente. Es decir, los priva de vivir dignamente y
al máximo potencial sus etapas, lo que termina por mermar su crecimiento y afectar
su bienestar físico, mental y psicológico, o interferir con su escolarización al no
asistir a clases y continuar con sus estudios, o la interrupción de sus jornadas
escolares.
De igual forma, se toma en cuenta la combinación de cargas de trabajo pesadas con
educación, lo cual obviamente repercute en su rendimiento, además de realizarse
por debajo de la edad mínima establecida legalmente.
En ese sentido, la legislación mexicana dicta que la edad mínima para laborar es de
quince años. Asimismo, no se podrá emplear a jóvenes que no hayan concluido la
educación básica obligatoria, la cual comprende preescolar, primaria y secundaria.
La Ley Federal de Trabajo, específicamente en el artículo 23, también estipula que
el trabajo de los menores deberá ser vigilado por autoridades federales y locales,
además de recibir un certificado médico que pruebe sus aptitudes para el empleo.
Respecto a las jornadas laborales, estas no deberán exceder las seis horas diarias y
queda estrictamente prohibido que los jóvenes trabajen a altas horas de la noche en
ambientes donde haya alcohol presente como antros o cantinas, tampoco deberán
desempeñarse en actividades relacionadas con la industria de la construcción.
En la tercera categoría nos encontramos con las peores formas de trabajo infantil,
en donde se incorporan todas las prácticas análogas a la esclavitud como la venta y
trata de adolescentes e infantes, servidumbre por deudas, circunstancias insalubres,
condiciones de riesgo en alturas peligrosas o confinamiento, además de actividades
con maquinaria pesada, condiciones de trabajo forzoso, donde se incluye el
reclutamiento obligatorio de niños y niñas para ser utilizados en conflictos armados. También se incorpora en esta categoría la utilización, el reclutamiento u oferta de
menores con fines de explotación sexual
Internacionalmente, en el marco jurídico, la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño de 1989 reconoce el derecho del menor de estar
protegido de la explotación económica; específicamente de cualquier trabajo que
pueda ser peligroso, que entorpezca su educación o que resulte nocivo para su
salud y progreso físico, mental, social, moral y espiritual.
En la república mexicana está vigente el plan de trabajo de la Comisión
Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Trabajo Infantil y la
Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, no obstante, todavía
no existe una reforma legislativa que erradique por completo el trabajo infantil.
La OIT ya había mencionado que para el año 2025 nuestro país debería haber
eliminado esta problemática social. En ese sentido, México fue uno de los países
que firmó la ratificación del Convenio 138 de la OIT, donde precisamente las
naciones firmantes se comprometieron a crear una política nacional eficiente que
asegure la abolición del trabajo de las infancias.
Sin embargo, la eliminación del trabajo infantil en un país como el nuestro no es
nada sencillo, no al menos con los índices de pobreza tan altos y la tasa de
desempleo que incrementa día con día.
Como se había mencionado previamente, las causas de este fenómeno social son
diversas: escasez de dinero en casa, deserción escolar por falta de motivación del
entorno familiar o carencia de recursos económicos y condiciones de explotación
laboral por medio de un tercero. Es por ello que Mónica Salazar, fundadora y
directora general de la asociación civil Dignificando el Trabajo argumenta que es
indispensable analizar a profundidad el contexto en el cual viven cada uno de los
niños, niñas y adolescentes que laboran día a día en nuestro país.
“La ley mexicana es muy inflexible, por ejemplo, ves a un niño vendiendo dulces o
Mónica Salazar
trabajando en la calle con sus papás en un semáforo y la gente dice es una
tremenda irresponsabilidad, explotación, y entonces van y denuncian. Luego llega el
DIF, se lo lleva y entonces sí que se ve más vulnerado el menor. (…) Necesitamos
empaparnos del contexto, de cada una de las historias y no pretender aplicar las
leyes a todos por igual. Por supuesto que esto no aplica en casos de peores formas
de trabajo infantil”, precisó.
El futuro de la erradicación del trabajo infantil consiste primeramente en
concientizar a los tres niveles de gobierno, el sector privado, y la sociedad en
general, sobre los derechos laborales como derechos humanos. De la misma
manera, será indispensable la promoción de mecanismos eficientes de denuncia en
conjunto con la apropiada inspección del fenómeno, sin olvidar integrar verdaderas
acciones enfocadas en la protección social de los niños, niñas y adolescentes, las
cuales también garanticen fácil acceso a la educación.
